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  • Foto del escritorRacso Miro Quesada Vegas

¿CÓMO ENFRENTAR LA CORRUPCIÓN?

Actualizado: 20 jun 2022


La corrupción es tan antigua como el pecado. Enfrentarla significa dirigir la estrategia a fortalecer el sistema, para que sea a prueba de corruptos. No a tratar de expectorarla, como si se pudiera escoger, a la hora de contratar, entre corruptos y no corruptos, escribe Racso Miro Quesada.


El tema se ha tratado innumerables veces en la prensa y en la política, sin embargo, los elementos analizados son muy limitados. No se habla nunca de las causas de la corrupción ni de las medidas concretas para combatirla. “Vamos a combatir la corrupción” se repite y se repite como una especie de estribillo, de forma que, de tanto repetir, ya perdió todo significado real. Se ha vuelto parte del folklore verbal de la nación.


Las luchas que no se pueden ganar, como la guerra a las drogas, son guerras eternas y conceptuales, que forman parte del ideario vivo de la civilización. Ejemplos de esto son las del ideario religioso: la lucha contra el mal o el combate contra las tinieblas. ¿Cuándo se va a ganar el combate a las tinieblas? Sabe Dios. Probablemente en el fin de los tiempos, pero ahí estamos siempre en la lucha.


La corrupción es tan antigua como el pecado. Se define como la preferencia por el bien propio sobre el del grupo, burlando el juramento ancestral de cuidar a la manada. Corrupto es aquel que es tentado por recibir favores individuales en desmedro del interés grupal.


Lo tenemos todos. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Encontramos un plato de comida: ¿cuántos lo compartimos y con quiénes? Algunos lo compartiremos entre dos o tres personas, pero ¿lo compartimos cuando son muchos y apenas nos quedaría una cucharada? ¿Actuamos igual si tu familia pasa hambre y acuciante necesidad? ¿Actúas igual si nadie te ve y, por ende, nadie se siente perjudicado?


Ahorramos mucho tiempo definiendo las cosas con claridad. Corruptos y pecadores, casualmente, existen en todas las religiones, siendo la definición misma de quiénes somos. Para eso estamos acá: para desgarrarnos día a día en la batalla entre el orden y el desorden; el bien y el mal; la ambición y el amor; la caridad y la envidia. Quien diga que ha evolucionado esa etapa y flota sobre las tentaciones del mundo, bien por él.


Es mejor aceptar la realidad tal cual: corruptos somos todos y para luchar contra nuestra corrupción hemos venido. Entonces, enfocar la lucha contra la corrupción buscando encontrar y expulgar a los corruptos del poder es, por definición, una de esas luchas eternas. Un corrupto va a ser reemplazado por otro, o en todo caso, por alguien que se creía incorruptible hasta que se deja corromper. Esta historia es más antigua que la literatura.


Creer que este gobernante o líder del partido que tú apoyas ahora sí, por fin, va a lograr en tu localidad lo que la humanidad entera tiene miles de años sin lograr suena un poco a exceso de positivismo, ¿no?


Entonces, ¿qué hacer? En principio aceptar, luego entender para poder diagnosticar, recomendar y obtener mejoras.



Primero: aceptar que la corrupción es el modus operandi en el Perú



En el Perú la corrupción es el modus operandi que une nuestro tejido social y lubrica los componentes del Estado para que la maquinaria se mueva. No puedes deshacerte de ella porque las normas se han ido haciendo en una simbiosis. Esto llega a ser una relación evolutiva entre la restricción absoluta, por el lado formal y la corrupción que flexibiliza, por el lado informal. Es el yin y el yang de la evolución del Estado.


El manual de requerimientos se ha ido haciendo tan complejo, tan entrabado, tan irresoluble, como abierto a la corrupción. Por el otro lado, cada candado tiene una llave, como cada puerta tiene una bisagra y la discrecionalidad del funcionario es total para determinar cómo interpretar la norma o qué artículo invocar. De su deliberación, no hay quien te defienda. No podríamos eliminar la corrupción sin cambiar todas las normas. Son inseparables.


¿Cuál es la dimensión de la corrupción en el país? Es total y hay que aceptarlo. La no corrupción es la excepción. En el organigrama real del poder judicial, todos los escritorios funcionan son CAJA. En la policía, la fiscalía, en los nombramientos del magisterio y en los ministerios, todo se negocia.


Las personas que tienen opiniones al respecto caen en una de tres categorías: las que nunca han tenido que hacer ningún trámite importante y por tanto viven en la inocencia; las que lo han hecho y pasaron un suplicio y las que entendieron cómo funciona y se callan porque ganaron una ventaja competitiva sobre sus conciudadanos.


Si, como todos sabemos, te piden dinero por faltas de tránsito, ¿crees que no te van a pedir dinero para apurar un expediente? Es casi certero decir que existe un desembolso de pago en cada área que gestione dicho expediente. No obstante, esto no es como erróneamente se piensa por un exceso de corrupción del burócrata o del ciudadano, sino porque la ley no protege a este último. Por el contrario, lo desampara ante el poder del funcionario.


Un ejemplo claro se presenta en el Poder Judicial: no puedes sacarle copia a tu propio expediente, para leerlo en tu casa y analizarlo con algún amigo abogado, ya que, si no hay una gratificación de por medio, el acceso a obtener información de tu propio expediente se complica.


¿Quién hace esas normas de no tener derecho a una copia actualizada de tu expediente o por qué no te provee el Estado una copia digital de todo lo actuado? ¿A quién le conviene que haya una norma que no permite sacar copia de tu expediente? Está todo engranado; esta es una de mil normas así, es una relación de mutua conveniencia y convivencia. Como decía mi profesor de antropología, todo lo que existe, existe porque a alguien le conviene que las cosas sean así.


Digamos, que la policía te detiene viajando por la Panamericana, en un control a mitad del desierto y encuentra que el cambio del color del techo de tu auto no está registrado en la tarjeta de propiedad. El policía no solo te pone una multa, sino que además tiene derecho a bajarte del vehículo para su internamiento y dejarte a pie, de noche, en mitad del desierto con tu familia y tus maletas. El ciudadano no tiene ninguna defensa. En este caso ni siquiera es un tema de estar en desamparo ante el criterio o la interpretación del funcionario: la norma es clara y tajante, sin lugar a interpretación. El ciudadano no tiene ni voz ni protección real en el momento de la creación de la regulación, en el procedimiento para modificarlo, ni mucho menos amparo alguno cuando su aplicación genera mayor perjuicio que beneficio. Queda a criterio del policía.


Cuando el presidente de una comunidad campesina pide dinero, para firmar un papel que debe firmar a un comunero, y dice con toda tranquilidad “he esperado cuarenta años para ser presidente de la comunidad; este año me toca a mí” se puede apreciar que eso es visto con normalidad, te das cuenta que la corrupción permea todo el tejido social, desde la presidencia de la República hasta la presidencia de la comunidad campesina.



Ahora, entender el por qué



La corrupción es el principal modo de movilidad social en nuestra nación. En una realidad donde la formalidad es excluyente y las oportunidades requieren grandes capitales para invertir en sobrepasar las barreras burocráticas. Donde el pequeño empresario tiene su capacidad de crecimiento limitada por la dificultad de acceso al crédito y a la formalidad. Donde la educación profesional es de bajísima calidad. Donde el Estado genera un aparato normativo que no es promotor de los negocios y de la actividad emprendedora, menos aún de la pequeña empresa, sino por el contrario, controlador y regulativo en desproporción con el bien que custodia o su eficacia para hacerlo. Bajo este contexto, la corrupción funciona como una forma de movilidad social, que mantiene el tejido social sano, permitiendo que los individuos con pujanza y voluntad de superación tengan una vía importante de ascenso.


Es importante, porque de otra manera, se podría canalizar esa energía a actividades más perjudiciales para el bienestar común o generar frustración y protestas antisociales.


Si consideras que aun los puestos públicos de carrera se consiguen mediante favores y amiguismos, prácticamente la mayoría de los caminos de ascensión social en las provincias pasan por una forma de lo que entendemos corrupción. La movilidad social es indispensable para que la estructura social no se estratifique y se rompa. La corrupción es una válvula de escape para las expectativas de la sociedad en todos los estamentos y no se debe juzgar moralmente pues, en los fenómenos sociales, lo que prima es el principio de la realidad. Si algo es así y se hace un uso tan extendido en toda la sociedad pues no es una desviación, es una necesidad.


En Irak la administración americana tenía grandes problemas para evitar el nepotismo. En la cultura americana era una inmoralidad, pero, por el contrario, en la iraquí el nepotismo era visto como una obligación moral. Quien lograba “poder” y no contrataba a los de su familia o su tribu era considerado una persona vil. Rasgos similares de tribalismo ocurren, en menor escala, en Perú, pero, en general, la contratación de afiliados, miembros, promotores, familiares o partidarios es difícil de resistir porque conlleva una deslealtad.


En EEUU se ha logrado que la lealtad sea para el país entero, antes que para un grupo, partido o inclusive para la familia. Se dan casos de hijos que denuncian a sus padres ante actos de corrupción. No estoy seguro que eso sería bien visto en Perú.


El problema está en importar nociones y normas de otras culturas e imponerlas en la nuestra sin entender las propias peculiaridades e idiosincrasia y sin potenciar los mecanismos de control, ya implícitos en nuestra cultura. Solo entendiéndose podemos dar normas, que partiendo de nuestra realidad, creen los incentivos para cada acción que beneficia al bien común y desincentivan las que lo perjudican. Buscamos esconder lo que realmente somos y eso nos impide llegar a un pacto social en el que todos nos beneficiemos.



La importancia de diagnosticar la enfermedad para tratarla



Lo primero que se debe diagnosticar es que acá hay dos tipos diferentes de corrupción y que la ley no haga distinción entre ellos no favorece a nadie. La corrupción se divide en dos tipos: la que perjudica el interés común y la que beneficia al interés común.


Esta distinción es fundamental. No es lo mismo pagar, para que una municipalidad local permita o acelerar un trámite, para que la construcción de una hidroeléctrica, ya aprobada por el gobierno central, se pueda realizar a tiempo, con pagar para permitir la importación de medicina china vencida. Ambos casos reales. En uno se genera trabajo, energía e impuestos y no se perjudica a nadie. En el otro mueren inocentes y no se genera ningún beneficio para la sociedad.


La intencionalidad es el principio normativo primigenio del derecho penal. Y la intencionalidad en ambos casos no es la misma. La norma basa su legitimidad para castigar, en la suposición de que las acciones revelan la intencionalidad, pero en este caso no hay nada más falso y el ciudadano no tiene la posibilidad de demostrarlo.


Esta distinción no es considerada por la ley en forma alguna. Si el marco legal, la superestructura de la organización de la sociedad, no distingue entre dos compartimientos, no puede desincentivar el mal sin dañar el bien. Hay cáncer maligno y cáncer benigno y si no identificamos la distinción, vamos a terminar o todos muertos o todos sufriendo quimioterapia.


La norma se vuelve más restrictiva y paralizante antes las denuncias de corrupción y el ciudadano no puede salir exonerado, si demuestra que su acción, beneficio al bien común y no perjudico a nadie. Lo que ocurrió, no fue corrupción, sino extorsión. La extorsión que el funcionario no tiene siquiera que plantear, porque todos los caminos conducen a ella, es sistémica. Solo tiene que quedarse callado y apelar a su derecho a no avanzar nada por buen tiempo.


Recomiendo esta entrevista al economista Luis La Calle, uno de los negociadores del acuerdo del tratado de libre comercio americano (TLC) donde explica la extorsión de la economía en México.


¿Cómo se combate la corrupción?



Como dijimos, mucho se habla de combatir la corrupción. Sin embargo, no se ejecutó. No se han llevado a cabo acciones frontales que tengan como foco cómo impedirla, solo castigarla. Parece que no se ha interiorizado que para controlarla deben cambiar los sistemas que la hacen posible.


¿Qué se ha hecho por cambiar los procesos que permitieron a Toledo entregarle las carreteras a Odebrecht? Nada. Todos los contratos de Odebrecht y del club de la construcción se hicieron bajo el mismo marco de procedimiento que existe hoy. No se ha anunciado ni se ha hecho público ningún cambio, reforma, mejoramiento o reestructuración de ningún procedimiento.


El foco es la persecución de los corruptos. Lo que aparentemente es atacar la corrupción, no es más que un desvío de la atención pública, que permite al gobierno de turno continuar con los mismos mecanismos y lazos que permitieron la corrupción en primer lugar.


Acá presentamos 10 propuestas a tomarse en cuenta en el diseño de una verdadera estrategia anticorrupción.


1. Check and balance


La filosofía norteamericana para detener la corrupción se llama check and balance, lo que podemos traducir como control por balance. El elemento fundamental de esto es que, así como tiene un ministro un incentivo gigantesco para corromperse, alguien tiene que tener un incentivo gigantesco por encontrarlo corrompiéndose. Las fiscalías en EEUU tienen grandes incentivos para encarcelar delincuentes. Este sistema si bien tiene sus contras, trae como beneficio que no necesitas encontrar un fiscal honesto o un paladín de la justicia ya que todos los fiscales tienen grandes incentivos de carrera. Los departamentos de policía que atrapan narcotraficantes, se quedan con sus bienes para el departamento. Esto tiene también sus problemas, pero es un ejemplo de control por balance.


Pongamos un ejemplo en Perú: una minera tiene un incentivo millonario para abrir las compuertas a media noche y verter químicos, el encargado de atraparlos es un funcionario del ministerio que gana 3000 soles mensuales, no tienen auto y tienen que pedir a la minera con anticipación que lo lleve a la mina el día en que ha programado la inspección. Ahí no hay un control por balance. El incentivo para el inspector es nulo. Probablemente se meta en un lío, no gana nada.


2. Incentivos positivos por resultados



¿Por qué hay menos corrupción en la actividad privada que la estatal? Uno podría pensar que es porque hay quienes piensan que lo público es de nadie, no obstante, la empresa privada grande es igualmente pública o puede entenderse como igualmente de nadie. De hecho, si hay corrupción, pero grandes incentivos contribuyen a llevar la actividad humana, a canalizar la ansiedad de progreso y de mejora por vías sociales que son de beneficio para todos los involucrados. Estos son incentivos monetarios y sociales a la excelencia: la mejora y el aumento de productividad.


Hagamos un ejercicio teórico: un presidente, que trabaja arduamente durante sus cinco años de mandato, hace crecer el PBI a un promedio de dos por ciento anual, sobre la media regional, como bonificación por ello se lleva diez millones de dólares. Sin duda, la mayoría se escandalizaría y podría argumentar que es desproporcionado e injusto para el nivel de pobreza existente y que otros mejor intencionados hasta ofrecen trabajar gratis, sin embargo, esto es en realidad positivo y para el beneficio de todos. Un punto adicional de aumento en el PBI significa más de 2 000 millones de dólares para la población. Brindar incentivos para toda la cadena de valor ayudarían a que el Estado no se desvíe hacia el populismo y pone el incentivo en donde nos interesa a todos.


¿Realmente necesitábamos hacer tres carreteras interoceánicas al estado de Acre en Brasil? ¿Tres? ¿Se va a recuperar la inversión de esas tres carreteras? Con los mecanismos existentes es imposible evitar que suceda de nuevo siempre en la medida que depende de pocas personas y es una decisión opaca. Se puede argumentar cualquier cosa para justificar una obra y el incentivo a equivocarse hacia el lado de lo que prefiere el contratista es muy grande. A buena hora si todos los que aprobaron esa carretera (el presidente, el ministro, PROINVERSION y todos los funcionarios del ministerio) ganan si esa carretera termina trayendo riqueza.


La zanahoria es tan importante como el látigo para traer resultados óptimos en la lucha contra la corrupción. Sin ambos elementos estamos arando en el mar.


3. El sistema de la vía rápida



Los norteamericanos tienen vías rápidas para muchas cosas y los menciono porque son una sociedad con menos corrupción que la nuestra. Hay un principio democrático liberal que rige que toda persona tiene el mismo derecho de atención y uno debe ponerse en la cola en el orden de llegada. Pero si entramos al análisis económico de este principio no necesariamente resulta en el beneficio de la mayoría.


Si yo quiero presentar un proyecto de cambio de uso a la municipalidad de LIma, me voy a demorar siete años. El trámite es engorroso y pasa por cantidad de manos y opiniones.

Yo debería poder ofertar abiertamente una cantidad de dinero para el fondo de pensiones de los funcionarios a ser repartido entre todos en proporción a su sueldo o cargo para que mi trámite se acelere y se vea más rápido. Ojo, no para que se determine favorablemente, sino para que sea visto. El monto ofertado es en una indicación de la importancia que tiene para el usuario y probablemente eso esté mejor correlacionado con la importancia que tiene para la sociedad en su conjunto.


¿Es beneficioso para la sociedad que quien presenta un proyecto para hacer una irrigación, que dará diez mil puestos de trabajo, esté en la cola de atención detrás de ocho personas que quieren preguntar cuánto deben, corregir su nombre en su autovalúo o pedir fraccionamiento de pago? ¿Es justo que quien paga mas sea atendido antes?


La norma actual obliga a esperar en línea y si alguien te lleva directo a ver al alcalde ya es una forma de corrupción y entramos al mundo de bajo la mesa.


Podría pensar que una línea de trámite regular y una línea acelerada son de beneficio para todos. Al obtener la institución más recursos o recursos extraordinarios para atender a un proyecto millonario, puede mejorar el servicio a todos, incluyendo a los del trámite regular. Por otro lado, la sociedad en general se beneficia pues los proyectos e inversiones se pueden canalizar más rápido, y con más transparencia, en lugar de manejarse bajo la mesa.


4. Combatir la arbitrariedad en la justicia



El problema de la arbitrariedad, la no predictibilidad y la fe en el criterio de conciencia como sistema de autocontrol, está presente en todo funcionario que tiene que tomar una decisión, pero es especialmente grave en la judicatura.


Un juez tiene la absoluta libertad de argumentar a favor o en contra del reo y puede, con facilidad, como de hecho se hace, ordenar a su practicante, que le redacten una resolución para sentenciar y una para absolver. Ambas son perfecta y legalmente sólidas y si se separan o no de su criterio de conciencia es un hecho imposible de observar o de probar. Tiene que ser la sentencia escandalosamente esotérica para llamar la atención de la ciudadanía. En el 99.99% de los casos el juez está en total libertad de decidir lo que tenga a bien. Esto lleva a que la corrupción no solo sea generalizada, sino que además sea inimputable. Si se detecta la corrupción es por un audio de una negociación, pero nunca por comparación del criterio del juez contra ningún criterio objetivo.


Que esto sea así, favorece a todos los jueces y como el único que puede controlar a un juez es otro juez, nadie tiene incentivo de cambiarlo. Tu libertad de criterio es la mía también. Tu no me tocas a mí, yo no te toco a ti. El sistema es perfecto para los jueces, pero nefasto para el ciudadano.


Para resolver esto, a mi entender, la única forma es aplicar una especie de jiu jitsu. La profesión legal en el Perú tiene dos tipos de abogados: los que están estudiando y los que están en la práctica. Los que estudian viven en el mundo de los ideales, donde se les enseña una carrera que tiene que ver con nociones puras y, por otro lado, los que están en la práctica, sean jueces, fiscales o abogados, son los que viven en el mundo de lo fáctico, la contundencia de lo realidad económica. Son dos mundos totalmente opuestos.


En concordancia con esto, planteamos que los expedientes deben digitalizarse y los estudiantes de últimos ciclos, en sus prácticas, deben asignarles los casos reales, de forma anónima, sin nombres ni apellidos y poder votar por la idoneidad del fallo. Como las vírgenes de los oráculos son nuestros jóvenes estudiantes, la mayor garantía de pureza conceptual en una resolución. Usemos lo que tenemos para controlar y validar los fallos. La revisión del quehacer de los jueces, debe ser aleatoria y anónima para garantizar mayor independencia. Los jueces cuyo criterio es puesto en duda constantemente por nuestros estudiantes, deben ser despachados.


De igual manera, además de la oficina de control interno de la magistratura debe haber una oficina externa. El argumento de que eso quita independencia a los jueces es absurdo, porque el bien mayor es la justicia, no la independencia. Una entidad al estilo de la Defensoría del Pueblo, separada de la judicatura y no conformada solamente por abogados, debe revisar que los jueces y el derecho hagan sentido. La justicia es una cualidad del cerebro humano, que no es dada por una universidad. La sociedad debe y puede tomar control del problema de la justicia y determinar si nuestro sistema judicial está impartiendo justicia o no.


5. Un ente intermedio que trabaje para el ciudadano y lo ayude a relacionarse con el estado



Debe existir un ente intermedio entre el Estado y la sociedad. Puede ser una asociación privada de ciudadanos a la que uno puede acceder para realizar cualquier tipo de trámite, sobre todo si es un pedido sui generis que requiere modificar normas o hacer excepciones.


Esta entidad tramitadora, que puede ser también conformada por empresas privadas, estas conocen a los funcionarios, conocen el trámite, están familiarizadas con los procedimientos del ministerio específico y pueden acceder a las autoridades necesarias. La diferencia es que no trabajar para el Estado, sino trabajar para el ciudadano.


Si yo voy al Ministerio de Agricultura a buscar que se me otorgue un certificado catastral de agricultor estoy en el desamparo absoluto. No sé a qué oficina ir. Sabe Dios qué me dirá o cómo me orientará la primera persona que encuentre y quién será realmente quién decide en ese trámite, que es personalísimo y puede tomar indefinido tiempo. Por ello, voy a la entidad protectora del usuario y le encargo a ellos que me ayuden con el trámite. Ellos saben quién es quién y cómo se hace la gestión. Tienen un incentivo para hacerlo y el camino que recorren, va marcando un sendero para los que vienen detrás.


Esta entidad, de acceso público, debe ser un mediador y un evaluador independiente que puede además monitorear y recomendar.


6. Implementar la Ley: “usted lo tiene”



La ley “usted lo tiene”se basa en un principio muy sencillo: el Estado no puede pedirte nada que el Estado tiene. Si un funcionario del Ministerio de Economía te pide una constancia de posesión otorgada por el Ministerio de Agricultura, uno puede responder, "usted lo tiene". El Estado debe digitalizar la información, para que el propio funcionario del ministerio inicial pueda buscar o verificar todo lo que necesita de otra entidad del Estado. El facilismo de decirle al usuario “anda, ve y busca” genera gigantescos costos en pérdida de tiempo y de trabajo para todos los ciudadanos y es injustificable en una sociedad moderna y digitalizada.


Por ejemplo, la copia del DNI o pedir la fecha de nacimiento. ¿Mi fecha de nacimiento? ¿El Estado no sabe mi fecha de nacimiento? No solo el Estado es el que me la da en mi partida de nacimiento, sino que me lo ha preguntado nuevamente infinitas veces a través de los años, parece que se vuelve a olvidar. Sin más, usted tiene con esta ley en las manos, la facultad de hacer que el Estado se interconecte consigo mismo para dejar de preguntarte cosas que el Estado ya sabe.


7. Regular el consumo que el Estado hace de nuestro bien más preciado: nuestro tiempo



Una idea que copiamos de un artículo de Alfredo Bullard, donde precisa que debe haber un control de cuánto tiempo puede tomar al ciudadano un trámite. Un ministerio debe tener una cantidad de horas/hombre que sus trámites pueden tomarle al ciudadano y debe organizar eficientemente sus requisitos, para no consumir más tiempo del ciudadano que el que tiene presupuestado o asignado.


Si por a o b el Estado considera que es indispensable consumir más tiempo y que eso redunda en tal gran beneficio para el bien común, que por eso te lo debe pedir, pues te debe pagar por tu tiempo, ya que en la práctica es equivalente a una expropiación de tu mayor y más valiosos activo: tu tiempo para generar un beneficio a la comunidad.


Los trámites no pueden consumir tiempo de los ciudadanos sin que exista ningún control de si el requisito solicitado custodia realmente un bien común, que justifique el gasto de tiempo que la sociedad en su conjunto invierte en cumplirlos.


El presupuesto de tiempo invertido por la ciudadanía en trámites debe ser estudiado y cuadrado todos los años con tanto cuidado como el presupuesto monetario del estado.. Ambos son bienes de igual valor.


8. Controlar la discrecionalidad



Una defensoría especial del ciudadano debería velar en contra de la arbitrariedad en las decisiones del funcionario. Dos principios fundamentales, deben instituirse como elementos de control.


Uno, que no se te puede obligar a ti, a lo que no se le obliga a los demás. Es decir, si el Palacio Municipal no tiene habilitación urbana, no se me puede poner una multa por no tener habilitación urbana. No se me puede sancionar, por lo que no se sanciona a los demás.


Es una frase conocida la que dice que, el Perú es un país, que funciona para los muy ricos y para los muy pobres. Para los muy ricos, porque hacen la ley a su medida, y para los muy pobres, porque nadie les aplica la ley. Los del medio son los que lo pasan fatal, porque les cae el peso de la burocracia.


De acuerdo con el principio que proponemos, si a la mitad del distrito no le pides licencia de construcción, por que son invasiones, por que son pobres o por algún otro motivo, entonces a mí tampoco me lo puedes pedir. La consecuencia de esto es que, o el trámite se hace más sencillo para que todos podamos hacerlo con facilidad o no es exigible, punto.


No podemos seguir teniendo un país con una esquizofrénica doble personalidad, unos obligados a contratar personal formalmente y otros en la informalidad absoluta. El principio de universalidad o no exigencia que proponemos obligaría al estado a que o hace factible formalizar a todos o no se le puede exigir a nadie. O la realización del trámite es una expectativa realista para todos o no debe existir. Que vea el estado cómo resuelve ese problema, finalmente para eso le pagamos. Su obligación es hacer que sus requerimientos sean racionales y de cumplimiento universal


El otro principio es predictibilidad: si yo gestiono tres escrituras de constitución en SUNARP y una es observada por unos artículos, otra por otros artículos totalmente distintos y la tercera pasa sin observaciones, SUNARP debe ser sancionada y el ciudadano liberado de la exigencia en los 3 casos, por falta de predictibilidad.


9. Transparencia absoluta



Total transparencia en la gestión pública significa, a mi entender, que hasta el correo de los funcionarios públicos debería ser público. Todos los sistemas administrativos de las entidades públicas, su sistema contable, requerimientos, memorándums, solicitudes, requisiciones, planillas y borradores de los marcos de referencia de las licitaciones, entre otros, deben volcarse al exterior, el ciudadano debe tener acceso informático a toda la información del Estado, con solo consignar quien y para que la está accediendo. Todo el material que hay en todas las computadoras en las que se ejecutan las funciones de gobernanza debe ser público, excluyendo temas de seguridad nacional y nombres por privacidad. No hay razón para que lo público no sea público.


10. Opinión calificada como control del pueblo



Para cada ministerio debe haber un control de la población de los temas más relevantes. Esto no puede ser mediante la participación de toda la población, por razones obvias, sino que debe seleccionarse quiénes son los observadores calificados.


Por ejemplo, para el Ministerio de Agricultura pueden tener igual participación las empresas agrícolas, el gremio de agricultores y los ingenieros agrónomos, y entre estos elegir un número de 20, 30 o 200 observadores, que accediendo digitalmente a la información deben poder ver, observar, recomendar o vetar los requisitos en la elaboración de las bases de las licitaciones del ministerio. Estos observadores deben permanecer anónimos, para que no puedan ser influenciados.


Yo diría que la base de las licitaciones es donde está el meollo de la pérdida por corrupción. Es muy fácil hacer las bases de cualquier concurso público para que solo participen quienes se quiere que participe. Se hace de forma constante y la administración ya es experta en estos menesteres.


Si se va a poner telefonía, la empresa tiene que operar en el Perú hace veinte años.

Si se va a hacer una carretera, solo califican quienes tengan en propiedad por lo menos 5 millones de dólares en maquinaria.

Si se van a comprar uniformes, el postulante debe haber ganado por lo menos cinco licitaciones previas.

Si se va a hacer un túnel, el constructor debe ser propietario de una máquina perforadora.


Se habla de la lucha contra la corrupción, pero nunca se menciona alterar y regular la forma como el Estado hace las bases de sus licitaciones y concursos.


Debe darse una norma, transversal a toda entidad pública, que especifica que cualquier requisito en las bases de una licitación, debe poder ser subsanable con una fianza. La lógica de los requisitos, que restringen quién puede participar en una licitación, es calificar a los postores para asegurar que estos tienen el conocimiento o los activos necesarios para no fallar. La fianza resuelve el problema. Si falla, paga una multa compensatoria. Punto.


Si un ingeniero genial, no tiene los activos ni los requisitos para participar en una licitación, pero tiene una solución de como hacer mejor o más eficiente una obra y convence a alguien de ponerle una fianza, debería ser suficiente para poder participar. No permitirlo es ir en contra de la creatividad y la innovación, que son las bases del progreso.


¿Quieren atacar la corrupción? Gracias a la tecnología de la información es posible. El que quiera atacar la corrupción debe tener al internet como su principal herramienta. Dominar su potencial para pasar el control al pueblo es el único camino real para solucionar el problema.


Racso Miro Quesada Vegas




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